INFANCIA Alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares nacionales y europeos

Martes 29 de Enero de 2019




 En España cada vez más familias, profesionales, docentes, centros y otros agentes trasladan a sus comunidades su motivación de aprovechar la alimentación escolar, y los comedores escolares, como herramientas educativas sobre nutrición y de respeto al medio ambiente. 

El pasado 25 enero, el proyecto “Alimentar el Cambio” (http://alimentarelcambio.es/) organizó una excursión para comprobar la transición agroecológica del comedor escolar que están realizando algunos colegios madrileños. Asistieron varios medios de comunicación muy interesados: primero visitaron in situ a los productores que proveen a estos nuevos ecocomedores, y después se trasladaron al colegio Hipatia, donde comieron y hablaron con sus responsables y con Abel Esteban, del proyecto “Alimentar el cambio”. También participaron maestros/as, niños/as e Isabel Fernández, portavoz de la Plataforma Ecocomedores (http://madridagroecologico.org/demandas-de-la-plataforma-ecocomedores-madrid/), que ha lanzado un manifiesto junto a otras 12 ONGs y entes para que la compra alimentaria sea saludable y sostenible en los servicios públicos de Madrid.
Entre otras experiencias, en Aragón se están recuperando la cocinas in situ de los centros escolares para evitar el servicio de cadena fría, el más habitual. También en el País Vasco hay un proyecto piloto de comedores escolares con cocina in situ y gestión directa desde las AMPA en cuatro escuelas; en Valencia, en sus tres colegios municipales, se apuesta por la defensa del territorio agrario circundante mediante el consumo de alimentos ecológicos y de proximidad, y la creación de Consejos Alimentarios Escolares. En Cataluña, Granada o Galicia existen numerosos centros donde las AMPAS participan activamente en la gestión de sus comedores sostenibles y saludables. En Canarias se ha creado Ecocomedores Canarias a iniciativa del gobierno insular para garantizar productos locales y ecológicos en la alimentación del alumnado.
El impacto de una contratación pública alimentaria orientada a promover una alimentación más saludable y sostenible puede ser muy importante ya que en España se dedican entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales a la compra pública alimentaria. De ellos, el 57% están destinado a Educación básica, el 13% a educación superior y un 25% al sistema hospitalario, entre otras partidas.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (que transpone la Directiva 2014/24/UE[1]) establece entre sus objetivos conseguir una mejor relación calidad-precio frente a priorizar únicamente la mejor oferta económica, e incluye en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Además, en los países europeos del entorno se dan buenas prácticas en centro escolares respecto a: 1) Producción ecológica: se fija un porcentaje mínimo que debe ser justificado mediante certificaciones oficiales. 2) Cambio en los menús: se priorizan los alimentos frescos y de temporada, se reduce el consumo de carne, se establecen opciones vegetarianas y se considera la diversidad cultural. 3) Origen y calidad: se establecen referencias al etiquetado (indicación geográfica protegida, denominación de origen protegida, etc.), tiempo de servicio, reposición de frescos o tiempos de transporte. 4) Gestión ecológica: como la eficiencia energética del transporte y de los equipos, el uso de productos de limpieza ecológicos, uso de menaje reutilizable, reducción de embalajes, de desperdicio y reutilización. 5) Responsabilidad social: contratación que favorezca el acceso a pequeña y mediana empresa, a productos de comercio justo…
Muchas de estas innovaciones forman parte de las recomendaciones de la guía sobre “Compra Verde” de la Comisión Europea (2016) que incluye un apartado sobre restauración, e insta a los gobiernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica en los servicios contratados, así como a establecer unos porcentajes mínimos y/o asignar puntos por la uso de frutas y hortalizas de temporada, o incluir cláusulas contractuales encaminadas a reducir al mínimo los residuos y envases.

Redacción






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