INFORMES/JUSTICIA ALIMENTARIA/Javier Guzmán: “La explotación laboral se da en todo el sistema agroalimentario convencional”

Jueves 10 de Noviembre de 2022





Justicia Alimentaria presentó en la Tribuna EcoJusticia, de BioCultura Madrid 2022, su nuevo informe, “El Ingrediente Secreto”. Es un análisis de cómo el sistema agroalimentario precariza las condiciones de trabajo de todos los integrantes de la cadena.

Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, Master en Cooperación Internacional, en Consultoría Estratégica y de Organizaciones y en Marketing y Comunicación, Javier Guzmán también es especialista en políticas agroalimentarias, ecologista y activista por los Derechos Humanos, la soberanía alimentaria y la solidaridad internacional. Actualmente es director de Justicia Alimentaria. Anteriormente trabajó como director regional para África Austral e India en Intermón-OXFAM y fue director de Cooperación Internacional en Creu Roja Catalunya.

-¿A qué conclusiones habéis llegado tras realizar el informe “El Ingrediente Secreto”?
-Creo que, entre las más importantes, una de esas conclusiones es que décadas de políticas neoliberales y desrregulatorias han generado cambios dramáticos en los sistemas alimentarios también en el caso español, desconectándolos de los mercados locales y territorios y de nuestro propio derecho a alimentación, transformándolo en un sistema de grandes plataformas destinadas a la exportación, y donde la condición sine quanon para poder participar en ese mercado global es ser competitivo y  competir en estos mercados globales implica reducir los costes de producción, y aquí entra de lleno una feroz competencia a la baja en las condiciones de trabajo. La precariedad laboral se convierte así en uno de los pilares del éxito económico de las empresas transnacionales. Una precariedad que atraviesa todo el sistema alimentario. Desde la producción agrícola, las macrogranjas y los mataderos, hasta el eslabón final de la cadena con los riders que se han convertido en parte del paisaje urbano o el creciente auge de las cocinas fantasma. Y para que esta máquina funcione se ha creado un entramado jurídico adaptado a las necesidades de estas grandes empresas para contar con un ejército de trabajadores/as disponibles, flexibles y baratos, aprovechándose de la necesidad de los colectivos más vulnerables. Es decir, el milagro económico de la agricultura de exportación y los extraordinarios datos macro de miles de millones de euros en ventas y millones de toneladas de alimentos exportados no han dado lugar a la creación de empleo estable y de calidad.
 


PARA LA EXPORTACIÓN
-¿Cuáles son los alimentos en que se da, mayormente, la explotación laboral del sector agroalimentario?
-En el caso español podemos comprobar que coincide en aquellos productos basados en la exportación. Existen tres grandes plataformas agroexportadoras alimentarias donde el Estado español se inserta como actor clave en las redes globales de alimentación: el sector de las frutas y hortalizas, el cárnico y el de las conservas de pescado y demás productos del mar. El Estado español produce casi una cuarta parte de todas las frutas (no cítricas) y hortalizas de la Unión Europea. Es también el primer exportador europeo y el tercero a nivel mundial. Por lo que respecta a los cítricos, la Comunitat Valenciana es la principal región exportadora del mundo.
 

COLECTIVOS HUMANOS
-¿Hay algunos colectivos humanos que lo sufran especialmente?

-De trabajadores autóctonos pobres se pasó a trabajadores pobres extranjeros, de población extranjera subsahariana a población del Este de Europa, de población del Este a población marroquí, de hombres a mujeres, de polacas a senegalesas, de senegalesas a marroquíes. Esta búsqueda de mano de obra subordinada y con menos derechos que el resto siempre ha contado con cobertura legal. Basta analizar las distintas leyes de extranjería bajo el prisma de las necesidades empresariales del sector agroexportador. La contratación de mano de obra vulnerable y migrante en la agroexportación se ha estado realizando a través de dos mecanismos: la contratación en origen, que es la mayoritaria en algunos sectores como el de la fresa y demás frutos rojos de la región de Huelva; y la contratación de mano de obra extranjera que ya está dentro de las fronteras del Estado. Parte de esta mano de obra está regularizada; otra parte, no. La contratación en origen cuenta con la política de cupos, cuya regulación se remonta a los años 90. Esta política de ir a buscar personas trabajadoras vulnerables a sus países de origen, traerlas, que trabajen y luego devolverlas, se ha ido armando legalmente en diversas fases. El procedimiento para reclutar personas temporeras extranjeras que no se encuentran en el Estado español ha pasado a denominarse gestión colectiva de contrataciones en origen. Este procedimiento proporciona a las explotaciones frutícolas la mano de obra necesaria para las actividades de temporada a través de la autorización de residencia temporal. Además de coordinar las leyes de extranjería con los intereses agroexportadores, se crea un mercado laboral diferenciado, con menos derechos que el resto de la población. Veamos un ejemplo. Con sus prácticamente 7.000 hectáreas de cultivo, en Huelva se cultiva el 95% de la fresa que se produce en el Estado. La patronal fresera estima que se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo cada campaña. Las mujeres suponen el 80% de la plantilla de enero a junio, y son devueltas después a su país de origen. Unas 14.000 vienen de Marruecos. Cada año ferris repletos de mujeres marroquíes desembarcan en Algeciras procedentes de Tánger. Miles de mujeres son reclutadas –después de un proceso de selección más que cuestionable–, transportadas y distribuidas en las diferentes explotaciones. Las contrataciones se realizan en Marruecos a través de la Agencia Nacional de Empleo Marroquí. Las mujeres provienen de entornos empobrecidos. Se contrata básicamente a mujeres menores de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finalice el período de explotación. Las trabajadoras vienen con contratos de tres, seis o nueve meses y son alojadas en las casas que los empresarios han construido en las propias fincas. Están aisladas de los pueblos, de manera que los mecanismos de control sobre el trabajo se prolongan al ámbito privado.

EXPLOTACIÓN TRANSVERSAL
-¿La explotación laboral es transversal y se da en todo el sistema agroalimentario?

-Exacto. Esto es lo que hemos estudiado y denunciamos en la campaña. Para que este sistema alimentario funcione, necesita un nivel muy intenso de precarización laboral y por ello necesita buscar los colectivos más vulnerables para poderse aprovechar. Por eso vemos los mismos problemas desde la producción de alimentos, hasta la propia distribución más reciente de alimentos como es a través de las plataformas de fooddelivery. Se trata de un modelo que detrás de etiquetas y del brilli brilli tecnológico encontramos una realidad de explotación laboral muy antigua y oscura.

A PEOR
-¿Todo esto podría empeorar en los próximos años con la crisis, la inflación, el cambio climático...?
-Claro, esto es el mayor de los riesgos, mientras que no haya una visión política que ponga el derecho a alimentación en el centro y que por tanto active políticas públicas para conseguirlo, viviremos, de un lado, situaciones dramáticas de una parte importante de la población que ya está teniendo dificultad para garantizar el acceso a los alimentos; y, por otro lado, también ocurrirá que habrá población que verá incrementada su precariedad laboral, porque ya hemos visto: el único coste que estas grandes empresas pueden rebajar no es el energético, insumos, transporte, solo puede rebajar el coste laboral y lo harán si no lo impedimos. Necesitamos por tanto un cambio del actual paradigma hegemónico de alimentación, y pasar de un modelo diseñado para los mercados globales… a uno basado en nuestro derecho a alimentación; por tanto, un modelo más descentralizado y con más actores que trabajen en el territorio. Un sistema alimentario basado en un modelo de agricultura regenerativa y que respete los derechos laborales. En resumen, entender la alimentación como un bien común y no como una mera mercancía.

Pedro Burruezo






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