TEXTIL/CAMPAÑA ROBA NETA DE SETEM CATALUNYA “Las auditorías protegen a las marcas, no a las trabajadoras del textil”

Miercoles 26 de Agosto de 2020





Denisse Dahuabe, la responsable de Roba Neta de SETEM Catalunya


Denisse Dahuabe, responsable de la campaña Roba Neta de SETEM Catalunya, contesta a las preguntas de Pablo Bolaño.

-¿Cómo resumirían la actual campaña de SETEM Catalunya?
-Cara limpia, manos sucias: detrás de la vitrina, las empresas del textil pagan numerosas auditorías que les permiten ignorar los derechos laborales. Así podríamos resumir los resultados del último estudio sobre auditorías y certificación social que ha publicado la campaña Roba Neta de SETEM Catalunya, elaborado por la Clean Clothes Campaign (CCC) y titulado “El Tapavergonyes de la Moda” (tapavergüenzas de la moda), donde se exponen evidencias y casos concretos de las carencias y vacíos de los procesos de auditoría de las fábricas textiles en todo el mundo. Las grandes firmas, que obtienen ingresos millonarios, deberían garantizar, acreditar y certificar la responsabilidad social empresarial en la industria textil, uno de los sectores productivos más importantes del mercado global. Ante el fracaso globalizado de estos mecanismos éticos de vigilancia, los informes emitidos por las firmas de auditoría europeas, norteamericanas y asiáticas confirman, una vez más, el peligro que representan las auditorías en que las empresas son juez y parte. Las auditorías protegen a las marcas, no a las trabajadoras del textil.
 


Denisse con Dian Septi y Chamila Paramananda, portavoces de organizaciones de trabajadoras textiles de Indonèsia y Sri Lanka, respectivamente, que forman parte de la Clean Clothes Campaign (2019).

 


 

ACTIVISTAS DECEPCIONADOS
-Hay muchos activistas decepcionados?
-Las auditorías sociales han generado decepción tanto en los consumidores y organizaciones de activistas por los derechos laborales como en las asociaciones y sindicatos. Todos piden a las marcas, fabricantes y administraciones públicas que asuman su responsabilidad y control normativo en el interior de las cadenas de suministro textil (derechos sociales, laborales y ambientales). Exigen que las auditorías actúen sobre la base de las cláusulas y códigos éticos definidos por la OIT, la ONU, la OCDE y todos los marcos jurídicos que se establecen para la defensa de las trabajadoras sobre las jornadas laborales, salarios, seguridad laboral, acoso sexual a las mujeres, derechos para la negociación colectiva y organización sindical, trabajo infantil, trabajo forzoso, abusos físicos y sexuales, estafas, deudas por impago de la seguridad social, además de una serie de incumplimientos de indemnizaciones, como derechos de reparación y compensación. Los millonarios pagos a las firmas de auditoría, acreditación y certificación generan desconfianza. Los trabajos se han llevado a cabo con metodologías inadecuadas y con informaciones difícilmente verificables, sin consultar a las mismas personas trabajadoras. En definitiva, se contabilizan más de 200 ejemplos documentados de errores de auditoría, que demuestran que la industria ha fracasado en los compromisos de DDHH / Ambientales y sólo ha querido garantizar y proteger la imagen y reputación de las marcas y sus modelos de negocio.
 



 

-¿Necesitamos un marco legal adecuado?
-Estos ejemplos demuestran que la voluntad no sirve de nada si no hay un marco legal global de debida diligencia. Las principales razones de esta desigual relación entre compradores y proveedores se producen a partir de una gran estructura competitiva de las cadenas de suministro mundiales que dan todo el poder a los compradores -marcas- generando entre los proveedores -fabricantes / países productores- toda la presión por costes más bajos, a base de reducir salarios y seguridad laboral, y, por tanto, aumentando las condiciones de esclavitud y de explotación laboral. Desde finales de los años noventa, representantes de organismos internacionales como la ONU, la OIT, la OCDE y parlamentarios de los países que representan los mercados globales, comenzaron a pactar y ser firmantes de los principios rectores, acuerdos y marcos legales con carácter constitucional que deben garantizar la prevención, sanción y reparación de los Derechos Humanos que hayan sido vulnerados, comprometiéndose así con la ciudadanía para asegurar un comportamiento empresarial y financiero responsable en los procesos de extracción, fabricación, producción y distribución entre el norte y el sur global. No es la primera vez que hay un pronunciamiento crítico ante las auditorías sociales por parte de la CCC, sindicatos y organizaciones que luchan por los derechos laborales en el sector textil. Hace años se pronunciaron con un posicionamiento contundente (ver Posicionament CRN 2016) donde se pedían algunas revisiones respecto a la "certificación de productos textiles" y corrección de incongruencias entre las normativas, procedimientos y aplicación de estas prácticas empresariales y los marcos reguladores globales de los derechos laborales en el sector textil, especificados en otro documento de esta industria que la CCC publicó en 2017, explicando los tres principios básicos de la responsabilidad empresarial: el compromiso con la norma, la debida diligencia en derechos Humanos y la compensación económica (podéis consultar en este enlace).
 


Denisse en una actividad de la exposición "Moda i modistes" del Museu d'Història de Catalunya (2019)
 


“Las auditorías sociales han generado decepción tanto en los consumidores y organizaciones de activistas por los derechos laborales como en las asociaciones y sindicatos”



CONCLUSIONES DEL INFORME


Para descargarlo, pinchar en la imagen
 


-¿Cuáles son las conclusiones del informe?
-Son varias…

. El informe evidencia que el sistema dominante actual de auditoría social, controlada por la industria, no constituye diligencia debida:
"Hay un largo y mortífero historial de iniciativas de cumplimiento social y auditores que no han sabido identificar correctamente riesgos sectoriales o geográficos bien conocidos y muy frecuentes en sus evaluaciones. Por ejemplo, en el caso de la seguridad contra incendios y de edificios en el sur de Asia, a menudo se han pasado por alto riesgos bien documentados. En la demanda colectiva contra Bureau Veritas tras el derrumbe del Rana Plaza, la empresa manifestó que la seguridad contra incendios y de edificios simplemente no figuraba en el encargo que había recibido de Loblaws 323 aunque, dado el historial de derrumbes de edificios en Bangladesh, esto debería haber formado parte de la diligencia debida en Derechos Humanos"
 


. Los gobiernos (en el ámbito supranacional) deberían promulgar normativas sobre debida diligencia obligatoria con poder sancionador y reparador, y esta normativa debería ser obligatoriamente transparente: la información de la cadena de suministro debe ser de dominio público, incluyendo datos, nombres de las fábricas y número de trabajadoras; las trabajadoras y sus representantes deben tener un papel protagonista y el proceso debe ser sensible al género, entre otros aspectos definidos por el sector.

. Las marcas deben desarrollar procesos sólidos y transparentes en su cadena de suministro asegurando condiciones sin riesgos ni violaciones a los Derechos Humanos, hacer un seguimiento e informar de los avances, analizar las causas de las vulneraciones y evitar que los precios, compras y abastecimientos contribuyan a la explotación; pagar un precio justo para los productos, negociar al alta o buscar otros incentivos financieros que permitan a los proveedores hacerse cargo de los costes adicionales para que se pueda asumir el pago de un sueldo razonable, a la vez que deben tener en cuenta los costes de una correcta reparación de vulneraciones de derechos laborales.

. Las empresas deben trabajar para que las auditorías sean neutrales y deben asegurarse de que participan las trabajadoras de las fábricas. Los informes de auditoría se deben hacer con la máxima transparencia.

. Los proveedores deben permitir el acceso ilimitado de los inspectores independientes en las instalaciones, sin previo aviso, garantizando que la dirección no interfiera en el proceso de selección de las trabajadoras para realizar entrevistas y que se respete la confidencialidad.
 


. Debe exigirse la publicación de los informes de progreso y de cierre, así como los planes correctivos vinculados a las respectivas fábricas, actualizando constantemente esta información. También deben comunicar los resultados a los organismos nacionales de inspección del trabajo a fin de permitir un seguimiento público, y crear mecanismos de reclamación seguros, transparentes y sin riesgos para las trabajadoras.

. Los inversores deben exigir a las marcas procesos sólidos de diligencia debida que incluyan políticas y evaluaciones de fábricas, supeditar inversiones en procesos de auditoría transparentes y exigir a las marcas que firmen y apliquen normas de transparencia y que publiquen los informes de auditoría, planes de corrección, quejas y progreso.

. Los gobiernos de los países/regiones de origen deben promulgar y fortalecer la legislación en materia de debida diligencia y derechos humanos que responsabilice las marcas, entidades de auditoría y cumplimiento social de las vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la cadena de suministros internacional, de acuerdo con los principios rectores de la ONU sobre derechos y empresa. Se debe exigir a las empresas auditoras información pública de sus actividades de inspección, seguimiento y monitorización y crear mecanismos que establezcan la responsabilidad de las marcas, auditores y certificadores.

. Los gobiernos de los países productores deben exigir a las entidades de auditoría y de cumplimiento social que actúen en su territorio que publiquen informes de auditoría y de las incidencias de vulneraciones laborales; ratificar la Convención de Inspección Laboral 81 de la OIT y transponerla a su propia legislación, fortalecer los cuerpos de inspectores locales y nacionales mediante la formación y la incorporación de técnicas y métodos de auditoría social y centrarse especialmente en las inspecciones preventivas y periódicas. Deben poner fin a las ayudas para certificar fábricas e invertir recursos en inspecciones públicas adecuadas, independientes y eficaces.

. Las políticas de contratación pública deben incluir una sólida diligencia debida, criterios para el seguimiento de las condiciones laborales en los proveedores, recursos para un seguimiento independiente de los proveedores y transparencia en la comunicación.

Pablo Bolaño
Publicado en El Ecomensajero Digital


 






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