• La Coalición Por Otra PAC envía una carta a seis ministerios y a las consejerías autonómicas.
• En ella, se insta a todos los estamentos del Gobierno a utilizar toda su influencia para lograr la aprobación de propuestas legislativas europeas claves para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, en materia de agricultura y medio ambiente. 
• El texto adjunta un documento técnico con las prioridades para el último semestre del año, relacionadas con la PAC, el apoyo a las explotaciones para su transformación y la transparencia.

10 de mayo de 2023.- El próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023, España asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y aunque durante seis meses su posición debe ser neutral, tendrá la oportunidad de utilizar toda su influencia para ayudar a la buena consecución de procesos comunitarios que actualmente están encallados. Se trata de normativas claves para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo (PVE) que han sido impulsadas por los actuales comisarios europeos. Los mismos que previsiblemente dejarán sus puestos en 2024, como también lo harán los miembros del Parlamento europeo. Así que, si estas propuestas legislativas no se tramitan antes de fin de año, corren el riesgo de no aprobarse. Por ello, casi medio centenar de entidades que conforman la Coalición Por Otra PAC han exigido por carta a los diferentes estamentos del Gobierno su máxima implicación para salvar del desastre al Pacto Verde Europeo. Éste brinda una oportunidad sin precedentes para conseguir un sector agroalimentario verdaderamente soberano, sostenible y resiliente. 
La misiva se ha enviado a seis ministerios: a los de Presidencia; de Agricultura; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Sanidad; de Consumo; y de Agenda 2030. También, a las consejerías del ramo de las Comunidades Autónomas. A todos ellos se les recuerda que el modelo agrario predominante depende en exceso de insumos importados, haciéndolo insostenible y cada vez más demandante de ayudas anticrisis. “Es necesario recordar que la guerra y el consecuente encarecimiento de insumos, así como la sequía, no son meros acontecimientos que deben ser atendidos aisladamente. Son una muestra más de la fragilidad del actual modelo mayoritario de producción de alimentos, tan dependiente de piensos, fertilizantes y pesticidas de síntesis química; y altamente demandante de combustibles fósiles y de agua”, recuerda la carta.
El escrito, denuncia también la pérdida de oportunidad que supone que las medidas ambientales de la Política Agraria Común (PAC) no apoyen suficientemente la transición agroecológica del sector, lo que ayudaría a revertir su insostenibilidad. Un propósito que se ha visto aún más mermado con la aprobación de rebajas en los compromisos ambientales que deben cumplir los beneficiarios de estas ayudas públicas. Debido a la invasión rusa de Ucrania, se han suprimido durante el año que viene las obligaciones relacionadas con la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos. 

Cinco prioridades
El texto se acompaña de prioridades que, como mínimo, deben ser atendidas por el Estado español para apoyar la necesaria renovación urgente del sistema agroalimentario en su conjunto para que logre adaptarse a los retos actuales y futuros. Así como para garantizar la salud del medio rural y de las personas que viven y trabajan en él.
En concreto, se solicita al presidente del Gobierno que colabore activamente para que la propuesta legislativa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles vea la luz y se presente ante el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de que finalice el año. Este reglamento pionero, propuesto por la Comisión Europea (CE), pretende definir un marco integral que fomente la sostenibilidad en las políticas alimentarias, implicando a todos los actores de la cadena de valor alimentaria para que contribuyan a ello. 
También, se pide que se ayude a desbloquear las negociaciones sobre la propuesta de la CE de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas. Ésta haría vinculante el objetivo del PVE, recogido en las Estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad para 2030, de reducir un 50% el uso y riesgo de estas sustancias de síntesis química, especialmente, aquellas de alto riesgo. 
Respecto a la PAC, se pide que su aplicación, seguimiento y evaluación adaptativa garantice la implementación de las obligaciones de la condicionalidad; favorezca las prácticas sostenibles; y elimine derechos históricos e incentivos perversos que todavía persisten en su actual sistema de pagos y ayudas. No es asumible apoyar con dinero público las inversiones en determinados regadíos con impacto negativo sobre el estado de las masas de agua. Tampoco, a las producciones ganaderas intensivas con un importante efecto sobre la huella ambiental, el bienestar animal y la resistencia a antibióticos.
Además, desde la Coalición Por Otra PAC se considera fundamental que el Gobierno garantice la formación, asesoramiento y acompañamiento de las explotaciones para que la transición agroecológica sea justa, sin dejar a nadie atrás. Esto tiene especial relevancia en las pequeñas y medianas producciones de agricultura y ganadería familiar, a las que hay que acompañar de los fondos suficientes para asegurar su permanencia y viabilidad.
El último punto hace referencia a la necesidad de que se mejore la participación pública, en base a la transparencia, para garantizar una correcta gobernanza de las políticas agroalimentarias. “España debe entender que tiene ante sí el reto de asumir el papel de liderazgo en la transición agroecológica justa en Europa”, concluyen portavoces de la Coalición.

Coalición Por Otra PAC – www.porotrapac.org

ACCESO A LA CARTA Y AL DOCUMENTO DE PRIORIDADES