Un informe[i] publicado por Corporate Europe Observatory (CEO) revela que desde 2020 la industria química ha incrementado en un 60% su inversión en lobby ante las instituciones comunitarias -ya supera los 46 millones de euros anuales-. Todo ello “para debilitar las normas que protegen a los ciudadanos de los productos químicos y pesticidas nocivos”. Esta inversión estaría resultando “rentable”, ya que, en paralelo, la Comisión Europea ha puesto en marcha la mayor ola de desregulación jamás vista en la UE para desmantelar o privar de eficacia importantes leyes vinculadas a la seguridad química.

El documento de CEO, que desglosa la potencia económica que tienen los grupos de presión de la industria química, denuncia que entre los principales y más lamentables “logros^[ii]” de este despliegue de lobby está, sin duda, el haber conseguido que la Comisión Europea renuncie a su compromiso formal de mejorar el deficiente Reglamento REACH, la principal norma europea sobre productos químicos[iii]. Con esto se ha perdido una ocasión histórica de mejorar la defensa de la salud y del medio ambiente frente a miles de sustancias peligrosas. Sin embargo, como apunta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos que colabora con European Environmental Bureau (EEB) en la difusión de estas problemáticas, “puede ser peor aún, ya que la industria, no contenta con haber frustrado la mejora del reglamento REACH,  pretende ahora, en una maniobra sin precedentes, meter palos en la rueda para debilitar y dificultar la aplicación de una ley que, aunque manifiestamente mejorable tal y como está, ofrece al menos un mínimo grado de protección a los ciudadanos[iv]”.

OBJETIVO: SABOTAJE
Esta maniobra de la industria ha quedado al descubierto tras la filtración de un documento[v] que acaba de hacer público European Environmental Bureau (EEB[vi]). El texto destapa cómo el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), que es el principal portavoz de los intereses del sector y líder de su inversión de lobby[vii], dicta a la Comisión Europea una serie de medidas que, de llevarse a efecto, supondrían un considerable deterioro de las protecciones y obligaciones existentes y de la aplicación de aspectos clave del Reglamento REACH vigente, menoscabando la defensa de la salud humana frente a los riesgos tóxicos[viii].

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS
Según denuncia EEB basándose en dicho documento, CEFIC pretende que “la regulación de los productos químicos sea aún más compleja y costosa para las autoridades”, a fin de retrasarla, lo que prolongaría la exposición de las personas y el medio ambiente a sustancias peligrosas[ix]. Algo escandaloso si se tiene en cuenta que, con el actual Reglamento REACH, ya se tardan más de 20 años de media en identificar y prohibir una sustancia tóxica.

REDUCCIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Las medidas propuestas por CEFIC pretenden una reducción de los requisitos legales sobre los datos de toxicidad[x] y la sustitución de pruebas experimentales fiables necesarias para determinar si las sustancias químicas son dañinas, por métodos más dudosos[xi]. Ello podría facilitar la comercialización de sustancias sin tener datos adecuados acerca de sus efectos[xii].  Además, se podrían ampliar las exenciones para permitir el uso de compuestos problemáticos[xiii] y reducir aún más la ya de por sí escasa transparencia que hoy existe en el proceso de regulación de las sustancias.  Preocupa además que la industria pueda interferir más directamente en la labor de evaluación de riesgo de las sustancias tóxicas que desempeña la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) entorpeciendo su trabajo, disfrazándolo como una “colaboración” o “negociación” con esa agencia[xiv].

REFORZAR REACH
Ante esta situación, EEB, junto con otras organizaciones, ha solicitado[xv] a las instituciones europeas que, en lugar de debilitar el reglamento REACH y dificultar su aplicación, lo refuercen. Porque, como afirma Dolores Romano, responsable de políticas de productos químicos en EEB, “en un momento de creciente evidencia sobre los impactos de la contaminación química en la salud humana y el medio ambiente, retrasar la acción es un riesgo que Europa no puede permitirse. Europa necesita una mejor implementación y cumplimiento».

COMUNIDAD CIENTÍFICA
La comunidad científica, a través de miles de investigaciones y numerosos informes y declaraciones, ha advertido que la contaminación química es un factor que puede estar contribuyendo de forma notable, a veces en conjunción con otros factores, al incremento de incidencia de numerosos problemas de salud en las últimas décadas, con un coste sanitario anual de decenas de miles de millones de euros[xvi]. Como apunta De Prada, “no parece de recibo que, para que unas cuantas grandes empresas obtengan beneficios, se generen unas pérdidas económicas inmensas, astronómicas, para toda la sociedad… a consecuencia de los daños causados en la salud y el medio ambiente[xvii]”.

OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN
El responsable de Hogar sin Tóxicos denuncia que “se está ocultando a la opinión pública lo que está sucediendo en Bruselas, a pesar de que los ciudadanos podrán sufrir las consecuencias durante mucho tiempo, al reducirse el control sobre las sustancias tóxicas que pueden estar presentes en nuestros alimentos, en el agua y en productos cotidianos[xviii]. El actual Ejecutivo comunitario no defiende debidamente los intereses de los ciudadanos sino, ante todo, los de esas grandes corporaciones que gastan tanto dinero en llenar de lobbistas los pasillos de las instituciones. Nunca la industria química había tenido tanta influencia sobre la Comisión Europea y aprovecha para proponer medidas que hace unos años serían simplemente impensables, intentando llevarse por delante o torpedear muchas leyes que les molestan”.

RECURSOS PARA INFLUIR
“Lamentablemente” -concluye De Prada-, “los que tienen más recursos para influir en las autoridades, teniendo acceso privilegiado y desproporcionado a ellas[xix], son quienes se benefician con la comercialización y el uso de las sustancias tóxicas. No quienes defienden la salud pública al margen de intereses espurios, como la comunidad científica o algunas entidades de la sociedad civil. Ello hace que, al final, pueda acabar pesando más la fuerza de algunos intereses económicos que la fuerza de la razón y el bien común[xx]”.

CAMBIO SIN PRECEDENTES
Como se decía al principio, en relación con el informe de Corporate Europe Observatory (CEO) sobre la inversión en lobby de la industria química, todo esto sucede en el contexto de un cambio sin precedentes de la política de la Comisión Europea que, codo con codo con algunas industrias, de forma escasamente transparente[xxi], está lanzando numerosos planes[xxii] para desmantelar a toda prisa o privar de eficacia, y sin respetar los debidos trámites, unas normas de protección de la salud frente a los contaminantes químicos que había costado décadas tener. Hay que apuntar, sin embargo, que el informe de CEO no se limita al lobby de la industria química. También aborda las inversiones en lobby de las grandes tecnológicas, la banca y finanzas o las empresas energéticas[xxiii]. En el documento se advierte que hay empresas que declaran mucho menos de lo que destinan a tareas de lobby, por lo que las cifras reales pueden ser mucho mayores.

Redacción

MÁS INFO

TOMA NOTA

[i]https://corporateeurope.org/en/2026/06/eu-corporate-lobby-league-2026

https://corporateeurope.org/sites/default/files/2026-06/REPORT%20LOBBY%20LEAGUE._2026_0.pdf

https://cloud.corporateeurope.org/s/3T3bZaGcnYgaGQP

Basado en datos de https://www.lobbyfacts.eu/

[ii]CEO cita algunos retrocesos concretos que se han producido en la protección de la salud humana, relacionados con los pesticidas, los PFAS, las sustancias cáncerígenas en cosméticos, etc

El informe advierte que “los grupos de presión de la industria química y agroindustrial han sido los grandes ganadores de la agenda de desregulación de la Comisión hasta el momento. Parece que se beneficiarán de al menos cinco paquetes ómnibus de desregulación que debilitarán las normas de salud y medio ambiente relativas a las sustancias nocivas (los paquetes son sostenibilidad (ómnibus 1), defensa (4), productos químicos (6), alimentos y piensos (8) y medio ambiente (10))”

También apunta que el ómnibus de productos químicos, que todavía está siendo finalizado por las instituciones de la UE, podria “debilitar las normas sobre el etiquetado de sustancias nocivas en los productos y permitir que los carcinógenos en los cosméticos permanezcan durante más tiempo antes de que deban ser eliminados gradualmente” Al mismo tiempo, “el proyecto de ley general sobre alimentos y piensos propone eliminar el proceso de renovación habitual de la mayoría de las autorizaciones de plaguicidas y dificultar que los Estados miembros de la UE actúen ante nuevas pruebas de los daños causados ​​por estos productos”.

Por otro lado, una serie de planes que las autoridades comunitarias se comprometieron a llevar a efecto  hace unos años y que habrían representado una importante reducción de los riesgos químicos han sido abandonados, paralizados o parece que van a quedar en poco. Ejemplos de ello son la ambiciosa restricción universal de los famosos PFAS que se anunció hace unos años, y que parece que finalmente no va a llegar a buen puerto, el abandono del proyecto de realizar una profunda revisión del Reglamento REACH para mejorarlo, el incumplimiento de los objetivos de reducción en el uso de pesticidas que se aocordaron en el Pacto Verde, etc.

[iii] A pesar de que ello era un compromiso formal contraído por la Comisión Europea

[iv] La aplicación de REACH ya es bastante deficiente en estos momentos, ya que solo ha conseguido regular un reducido número de sustancias comparado con las que debería haber regulado y, además, lo ha hecho a un ritmo desesperadamente lento. De hecho, la comunidad científica y organizaciones de la sociedad civil llevaban mucho tiempo reclamando que el Reglamento se revisase para su mejora. Una revisión que primero se retrasó y finalmente se descartó por parte de la Comisión Europea cada vez más influida por los intereses de la industria química. Lo que desde luego resulta increíble es que no solo se haya conseguido que se aparque la mejora de la norma sino que además se pretenda debilitar y dificultar aún más la aplicación del imperfecto Reglamento vigente.

[v]https://eeb.org/wp-content/uploads/2026/06/Debunking-CEFICs-simplification-agenda_when-simplification-means-weakening-REACH_June2026.pdf

[vi]https://eeb.org/wp-content/uploads/2026/06/Cefic-proposals-for-non-OLP-changes-to-REACH-non-public-2026.pdf

[vii]El informe de Corporate Europe Observatory sobre las inversiones en lobby, situa a CEFIC a la cabeza de la lista de las entidades de la industria química que más dinero invierten en trabajos de influencia y presión ante las instituciones comunitarias, con 12 millones de euros, junto con grandes corporaciones como Bayer (6 millones) o BASF (4,5 millones).

[viii] A pesar de lo cual CEFIC presenta sus demandas como si fuesen unas meras “mejoras técnicas” de la aplicación de REACH

[ix]Según EEB, una de las peticiones de CEFIC para embarullar y retrasar aún más la posible restricción de sustancias es la realización de un análisis previo adicional y de un análisis obligatorio de opciones para las gestión de riesgos (RMOA) . De esa manera, pretende que en lugar de aplicar el Reglamento REACH sin más, con sus medidas de gestión de riesgos jurídicamente vinculantes, se vaya hacia enfoques más permisivos o voluntarios en relación con la restricción de sustancias tóxicas.

Otra de las estrategias que se propone para retrasar y entorpecer  la regulación de sustancias tóxicas es introducir la necesidad de realizar más evaluaciones del supuesto impacto económico que tendría para las industrias restringir sustancias tóxicas, a pesar de que ya es algo que se evalúa sobradamente. “Evaluación socioeconómica”: CEFIC pretende que se añadan nuevos requisitos vinculantes para la evaluar tales supuestos impactos y la obligación de incluir una evaluación de costo-beneficio de opciones alternativas de gestión de riesgos.

[x] Dejando más a su criterio que datos debe o no proporcionar. Datos que que la industria debe proporcionar sobre sus sustancias. Según EEB, de aplicarse las propuestas, ello llevaría a una mayor flexibilidad para no tener que realizar ciertas pruebas como las de toxicidad subcrónica o toxicidad durante el desarrollo prenatal.

[xi] Como las metodologías denominadas NAMs (Metodologías de Nuevo Enfoque, New Approach Methodologies, por sus siglas en inglés), la mayoría de las cuales aún no se han desarrollado ni validado para todos los efectos sobre la salud.

https://cefic.org/solutions-explained/new-approach-methodologies-nams/

Inquieta el recurso a métodos como, entre otros, los basados en simples predicciones de toxicidad con modelos informáticos. Unos métodos más virtuales y especulativos, más susceptibles de ser sometidos a manipulación interesada, que pueden permitir un enorme margen de arbitrariedad  a la hora de determinar la toxicidad de las sustancias. Sistemas que podrían permitir cuestionar aún más, sin demasiada base real, los resultados de la enorme cantidad de evidencias que la ciencia académica ha obtenido, por ejemplo,  con experimentos con animales y que muestran los efectos de las sustancias tóxicas

[xii] Como apunta EEB en su informe: “otorgar a la industria mayor discreción para decidir sobre la necesidad de realizar pruebas también generaría dificultades en la aplicación de la ley y trasladaría la carga a las autoridades públicas. Nadie desea el uso innecesario de animales en pruebas de laboratorio, pero actualmente, sin ellos, no se identificarían riesgos químicos críticos como la carcinogenicidad, la mutagenicidad, la toxicidad para la reproducción o la alteración endocrina. Las personas y el medio ambiente estarían expuestos a sustancias químicas altamente peligrosas. Las autoridades y los actores de la cadena de suministro carecerían de la información necesaria para garantizar un uso seguro, impulsar una economía circular limpia y fomentar la innovación”

[xiii] Por ejemplo, alegando la existencia de usos “críticos” que, realmente, pueden no ser esenciales para la sociedad, sino tan solo beneficiosos económicamente para alguna empresa

[xiv] Según EEB, CEFIC busca “retrasar aún más las medidas de cumplimiento normativo, en última instancia, evitar su obligación legal de proporcionar información actualizada y fiable sobre los peligros de las sustancias químicas que comercializan. El incumplimiento persistente y generalizado por parte de la industria de su obligación legal de proporcionar información precisa y actualizada sobre los peligros de las sustancias químicas que fabrica o importa sobrecarga a la ECHA, agota sus recursos y deja a las personas y al medio ambiente innecesariamente expuestos a sustancias químicas potencialmente tóxicas durante años. En lugar de crear nuevos procesos para negociar los desafíos de la implementación, los esfuerzos deberían centrarse en garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales existentes. El papel de la ECHA es regular y hacer cumplir de forma independiente el reglamento REACH, salvaguardando la salud humana y el medio ambiente, no desarrollar acuerdos que puedan retrasar o debilitar aún más las responsabilidades de cumplimiento de la industria”.

CEFIC propone, por ejemplo, que en  su proceso de evaluación de riesgos de las sustancias la ECHA  tenga que reunirse un número de veces con la industria y someterse a  nuevos e innecesarios pasos que pueden retrasarlo y desvirtuarlo. Por ejemplo, un paso que CEFIC denomina de  “priorización” y que podría depender de los datos que voluntariamente la industria quiera proporcionar. Algo que, según EEB situaría a la industria “en una posición de control privilegiada, con pocos incentivos para compartir toda la información que posee sobre los peligros y riesgos. Este paso adicional incrementaría la carga de trabajo de las autoridades y aumentaría la probabilidad de que las sustancias químicas se regulen bajo marcos más débiles que REACH”. Actualmente, los Estados miembros o la Comisión, a través de la ECHA, pueden proponer restricciones a las sustancias químicas cuando consideran que representan riesgos para las personas o el medio ambiente que no están controlados. Pero todo ello podría verse enormemente dificultado.

Como denuncia EEB “su objetivo es influir en la estrategia regulatoria, basándose en información sobre el uso y la exposición que solo la industria puede proporcionar, al tiempo que promueve marcos regulatorios menos protectores, como la  IED (Directiva de Instalaciones  Industriales) u OSH (Occupational Safety and Health). CEFIC y otros actores de la industria también han propuesto esto para la revisión de REACH como un "análisis previo" obligatorio y un análisis de opciones de gestión de riesgos (RMOA) obligatorio”.

[xv] Options for improved implementation, enforcement, and modernization of REACH

CivilSocietyrecommendations

https://eeb.org/en_gb/library/options-for-improved-implementation-enforcement-and-modernization-of-reach/

[xvi] Para ver lo que la ciencia está diciendo, basta consultar los más diversos informes y declaraciones.

Entre los informes que revelaban el verdadero coste económico de no actuar, en concreto en el  tema de las sustancias alteradoras hormonales, cabe destacar los que realizó la Endocrine Society que, tan solo evaluando un grupo de sustancias -aquellas sobre las que existía más grado de evidencia científica sobre sus efectos- y teniendo en cuenta solo una serie de efectos concretos asociados a ellas, estimaban entre 157.000 y 270.000 millones de euros de coste sanitario anual en la Unión Europea

Los estudios, publicados en la Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, son: 

Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union.  Leonardo Trasande, R. Thomas Zoeller, Ulla Hass, Andreas Kortenkamp, Philippe Grandjean, John Peterson Myers, Joseph DiGangi, Martine Bellanger, Russ Hauser, Juliette Legler, Niels E. Skakkebaek, and Jerrold J. Heindel http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2014-4324

Neurobehavioral Deficits, Diseases and Associated Costs of Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European Union.  Martine Bellanger, Barbara Demeneix, Philippe Grandjean, R. Thomas Zoeller, and Leonardo Trasandehttp://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2014-4323

Obesity, Diabetes and Associated Costs of Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European Union.  Juliette Legler, Tony Fletcher, Eva Govarts, Miquel Porta, Bruce Blumberg, Jerrold J. Heindel, and Leonardo Trasandehttp://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2014-4326

Male Reproductive Disorders, Diseases and Costs of Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European Union.  Russ Hauser, Niels E. Skakkebaek, Ulla Hass, Jorma Toppari, Anders Juul, Anna Maria Andersson, Andreas Kortenkamp, Jerrold J. Heindel, and Leonardo Trasandehttp://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2014-4325

Solo en relación  con los PFAS,  un informe del Consejo Nórdico de Ministros estimaba un coste anual de  "52.000 a 84.000 millones de euros para todos los países del Espacio Económico Europeo”.

Goldenman, G., et al., The cost of inaction. A socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS, in TemaNord 2019:516. 2019, Nordic Council of Ministers. p. 194.

https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1295959&dswid=-4686

[xvii] Según un reciente informe del think tank Systemiq,  realizado con la colaboración de importantes científicos internacionales, solo en la Europa, y por solo solo 4 tipos de sustancias tóxicas –pesticidas, ftalatos, bisfenoles y PFAS-  se estima un coste sanitario de 496.000 millones  de dólares por problemas de salud relacionados con la exposición continuada a dichas sustancias

Invisible Ingredients. Tackling toxic chemicals in the food system. https://www.theguardian.com/environment/2025/dec/10/synthetic-chemicals-food-system-health-burden-report

https://www.systemiq.earth/reports/downloads/Systemiq-Invisible_Ingredients-10_Minute_Takeaway_EN.pdf

https://www.systemiq.earth/reports/downloads/Systemiq-Invisible_Ingredients-Tackling_toxic_chemicals_in_the_food_system EN.pdf

El informe publicado por Systemiq, ha sido financiado por la Grantham Foundation y realizado por un amplio plantel de expertos de diferentes países y disciplinas. Entre ellos, científicos de gran prestigiocomoLinda Birnbaum (Scientist Emeritus and Former Director, National Institute of Environmental Health Sciences and National Toxicology Program Scholar in Residence, Duke University), Philip J. Landrigan (Professor of Global Public Health and Director, Global Observatory on Planetary Health at Boston College; medical consultant, Centre Scientifique de Monaco), Shanna Swan (Action Science Initiative, School of Medicine at Mount Sinai), Tracey Woodruff (University of California San Francisco (professor and program director); former US EPA) o Erik Millstone (Professor of Science Policy, University of Sussex)-. También han colaborado expertos pertenecientes a diferentes entidades relacionadas con la defensa de la salud pública frente a la contaminación química: Jonatan Kleimark (ChemSec), Apolline Roger (ClientEarth), David Andrews (Environmental Working Group), Kizzy Charles Guzman (Center forEnvironmental Health), etc

[xviii] Sustancias entre las cuales muchas han sido asociadas al cáncer y a otros problemas de salud aún a muy bajas concentraciones

[xix]Corporate Europe Observatory reclama que la Comisión deje de “conceder acceso privilegiado a los grupos de presión de la industria y garantice que otras voces, como las del público en general, la sociedad civil y los científicos e investigadores independientes, se escuchen con claridad. Además, el registro de transparencia de los grupos de presión de la UE debe ser jurídicamente vinculante para los inscritos, a fin de abordar el grave problema de los datos inexactos que lo plagan“

[xx] Un informe anterior de CEO revelaba la desproporción entre el número de reuniones que tenían los funcionarios europeos con los lobbistas industriales y los que tenían con entidades de la sociedad civil que encarnan los intereses de los ciudadanos y la voz de la ciencia. El informe también desvelaba otros aspectos preocupantes sobre la naturaleza de tales reuniones en las que la Comisión preparaba sus propuestas.

Un ejemplo es el Omnibus VI sobre productos químicos, por el que se propuso  flexibilizar las exigencias sobre la presencia de sustancias cancerígenas en cosméticos o eliminar  requisitos de información en el etiquetado sobre la presencia de sustancias tóxicas en infinidad de productos y artículos. Como comenta CEO: “se trataba de reuniones dominadas por grupos empresariales de los sectores afectados (por ejemplo, químicos y cosméticos), con una participación muy limitada de otras partes interesadas. Esto se puede observar en las listas de participantes obtenidas por Corporate Europe Observatory. En la reunión sobre etiquetado, las organizaciones de la sociedad civil fueron superadas en número por 281 a 7; en la de cosméticos, por 112 a 3; y en la de fertilizantes, por 21 a 1. Esta proporción resulta reveladora. La situación se vuelve aún más grave si consideramos no solo el número de entidades, sino también el de participantes: muchos grupos empresariales contaban con varios representantes. El total de representantes empresariales ascendió a no menos de 484 personas, mientras que los de la sociedad civil apenas sumaron 8”.https://corporateeurope.org/sites/default/files/2026-03/REPORT_CORPORATE%20CAPTURE.pdf

[xxi] El informe de CEO denuncia que, de hecho,  la Comisión Europea  ha abierto nuevos canales, escasamente transparentes, para que estas grandes empresas  pasen a dirigir, de forma más directa que hasta ahora,  su toma de decisiones, diseñando la regulación a su gusto. 

[xxi]Básicamente, la Comisión, en lugar de proteger a los ciudadanos frente a las malas prácticas de las empresas, ha optado por ponerse abiertamente del lado de estas, abriéndoles de par en par las puertas. Para ello, en un giro sin precedentes, prescindiendo de mecanismos que ofrecían más garantías a la hora de modificar leyes, como los estudios de impacto o las adecuadas consultas públicas, se han creado unos singulares foros opacos, dominados por la industria –denominados “Diálogos de Implementación” y “Verificaciones de la Realidad”- en los que estas les señalan las normas que quieren que sean suprimidas o modificadas. Unas reuniones entre representantes de la industria y de la Comisión que no respetan las más mínimas normas de transparencia.

https://corporateeurope.org/en/2026/04/what-corporate-capture-looks

[xxii] Para materializarlo, la Comisión Europea  está recurriendo a métodos poco ortodoxos  como las llamadas propuestas Ómnibus  que ha venido lanzando, con las que ha buscado modificar de una sentada, a toda prisa, varias normas a la vez.  Los ómnibus son paquetes legislativos únicos y de gran alcance que modifican o suprimen varias leyes y reglamentos vigentes de la UE a la vez https://corporateeurope.org/en/deregulation-watch

Hasta ahora la Comisión Europea ha sacado 5 proyectos Omnibus para debilitar diferentes regulaciones que protegen la salud y el medio ambiente frente a la contaminación química en temas vinculados con los PFAS, pesticidas, etc.Saltándose para ello  trámites esenciales como las adecuadas evaluaciones de impacto y consultando prácticamente solo a las industrias que buscan beneficiarse con la comercialización o el uso, sin trabas, de sus sustancias tóxicas.

[xxiii]Las grandes tecnológicas (73 millones de euros) a fin de  oponerse a normas estrictas que protejan nuestros derechos digitales. La  banca y las finanzas (más de 66 millones) que buscan una regulación más afín a sus intereses. Las energéticas  (unos 52 millones ) que pretenden propiciar el resurgimiento de los combustibles fósiles e imponer falsas soluciones a la crisis climática.

En total, las empresas y asociaciones industriales de diferentes sectores, con un presupuesto anual declarado para actividades de lobby de al menos 1 millón de euros -en total 173 compañías y asociaciones comerciales- invierten más de 380 millones de euros anuales para influir en las instituciones de la UE. Una cifra que representa a un 50% más de lo invertido en 2020 (28 millones más que en 2025). Es importante destacar que el registro de transparencia de los grupos de presión de la UE no es jurídicamente vinculante y la ausencia de sanciones efectivas implica que la calidad de los datos depende exclusivamente de la información que los inscritos proporcionan voluntariamente. Los datos se basan solo en aquellas actividades de lobby que se declaran y en el informe se destaca que hay empresas que confiesan invertir en labores de lobby menos de lo que realmente invierten. Por ello, las cifras dadas pueden quedarse muy cortas (en el informe se muestran varios ejemplos de ello

https://cloud.corporateeurope.org/s/3T3bZaGcnYgaGQP ). En paralelo a estas grandes inversiones en cabildeo, la UE ha sacado diez propuesta ómnibus que buscan beneficiar a diferentes sectores económicos, y otras iniciativas  que, en esencia, representan que los poderes públicos desprotejan  los derechos de los ciudadanos ante los  posibles abusos de las corporaciones. Como ejemplos, se citan:

La propuesta de la UE para el 28º regimen (EU Inc.) que puede servir a las empresas para eludir normas nacionales de los derechos de los trabajadores

https://corporateeurope.org/en/2026/06/eu-inc-corporate-master-plan-attack-our-rights

https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_en

Por otro lado, la hoja de ruta de “Una Europa, un mercado” que contiene muchas iniciativas desreguladoras como nuevos paquetes Omnibus sobre energia, impuestos, desregulación bancaria…

https://commission.europa.eu/document/download/5445de81-9481-4335-9902-9756159ba614_en?filename=one-europe-one-market-roadmap.pdf

También se planea una mayor laxitud de requisitos para la concesión de permisos para  poner en marcha actividades contaminantes  comoplantas  químicas y otros proyectos

https://corporateeurope.org/en/2026/05/permission-pollute

Además se ha anunciado un “Plan de Acción para la Limpieza Profunda de la Regulación” que traerá aparejado más resregulación en áreas diferentes  (impuestos, agricultura, transporte, energía, clima, asuntos digitales, vivienda y permisos, y otras medidas que corren el riesgo de restringir el derecho democrático de los gobiernos nacionales a regular para resolver problemas sociales y ambientales).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_901