EFEVerde y otros medios han publicado que las compañías y empresarios que practiquen el “ecopostureo” o “greenwashing”, los que se publiciten como más "verdes" de lo que realmente son para atraer clientes, se enfrentarán a multas de hasta 100.000 euros o de 4 o 6 veces el beneficio ilícito obtenido, según se desprende del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.

Esta normativa, que tras su aprobación por el Consejo de Ministros deberá iniciar su tramitación parlamentaria, modifica, entre otras normativas, las leyes de Competencia Desleal, de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Publicidad. La nueva ley persigue “empoderar a los consumidores en la transición ecológica, garantizando una información objetiva, veraz y suficiente sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que les permita tomar decisiones fundamentadas, según el anteproyecto”. Pero, ¿se multará verdaderamente a los que infrinjan la ley?

PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES
Por primera vez, según han replicado los medios, la ley tipifica como prácticas comerciales desleales las prácticas relacionadas con el ecopostureo: aquellas que inducen a error a los consumidores sobre las características medioambientales de los bienes y servicios. A efectos de la nueva norma, “se considera desleal por engañosa, por ejemplo, toda afirmación medioambiental a futuro que no vaya respaldada por compromisos claros, objetivos, de acceso público y verificables, y que estén incluidos en un plan de ejecución detallado y realista que incluya metas medibles”. La pregunta es: ¿Dispone el Estado de medios para hacer seguimiento de todas aquellas empresas que se saltan las leyes? ¿Los que velen por hacer cumplir la norma… serán estrictos o laxos? ¿Tienen los jueces la suficiente información al respecto de lo que está en juego?

EXPERTOS INDEPENDIENTES
Estos planes legislativos deberán ser verificados periódicamente por un tercero experto independiente, cuyas conclusiones se pondrán a disposición de los consumidores o usuarios. Según el texto del anteproyecto, por afirmación medioambiental se entiende “todo mensaje o representación que no sea obligatoria por ley y que indique o implique que un producto, marca o empresario tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente, es menos perjudicial que otros o ha mejorado su impacto a lo largo del tiempo”. También se perseguirá a quienes exhiban distintivos de sostenibilidad que no estén basados en un sistema de certificación o no hayan sido establecidos por las administraciones públicas.

NO A CIERTAS AFIRMACIONES GENÉRICAS
Para limitar el ecoposturero, se prohibirá que también que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables, como “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde” o “biodegradable”. Además, se considerarán desleales las prácticas que faciliten información engañosa al consumidor sobre el desempeño medioambiental del producto o servicio o sobre aspectos que afecten a su vida útil. Entre estas, por ejemplo, podemos destacar el afirmar que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente basándose en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta práctica está muy extendida entre empresas que, por ejemplo, en lugar de reducir emisiones, plantan árboles para compensarlas.

SANCIONES LEVES Y GRAVES
Según la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se consideran infracciones el uso de prácticas comerciales desleales, entre las que, una vez aprobada la nueva ley, quedará incluido el “greenwashing”. Para estas prácticas comerciales desleales, la normativa prevé su clasificación como leves o graves (que se hagan con total incumplimiento de la norma, aprovechándose del desconocimiento en la materia del consumidor medio, si son reincidentes, etc.). En el caso de ser consideradas leves, las sanciones previstas oscilan entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido. Para las graves, la multa será de entre 10.001 y 100.000 euros o de hasta cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por el practicante del ecopostureo.

INFRACTORES
El texto de la nueva ley señala que las sanciones tienen que “ser efectivas, disuasorias y proporcionadas, de tal forma que no resulte más beneficioso al infractor incumplir la norma que cumplirla”, según fuentes de Consumo. Para tal efecto, se sanciona sobre la base del beneficio ilícito obtenido cuando se estima que este es superior al máximo que permite la norma en valores absolutos (en este caso, 100.000 euros), según la misma fuente, que ha apuntado que las infracciones por “greenwashing” podrán presentar casuísticas muy dispares, por lo que se analizará en cada caso. Pero, ¿dispondremos de una nómina de agentes especializados en estos casos? ¿Dominan los jueces las temáticas de las que estamos hablando? Bienvenida sea la ley. Pero, ojalá, sea realmente efectiva…

QUE LA LEY SE CUMPLA
Afortunadamente, hay espacios, como BioCultura o determinadas tiendas y/o cadenas de productos ecológicos, donde no hay lugar para el “greenwashing”. Todos los productos están debidamente certificados. Pero esto es una excepción. Y el ecopostureo campa a sus anchas en todo tipo de establecimientos, etiquetas, publicidades, medios, redes sociales, etc. Ahora, si nadie lo impide, tendremos una ley para evitar el “greenwashing”. Pero de lo que se trata es de que no sea papel mojado. Porque de esas ya tenemos muchas, especialmente en temas ambientales. De lo que se trata, lo que queremos, es que la ley se cumpla. Porque el “greenwashing” es un cáncer que enferma a toda la sociedad…

Pablo Bolaño