La Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos (ASOBIO) ha participado en la consulta pública previa abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la elaboración del Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033. Este nuevo instrumento estratégico orientará durante los próximos años la incorporación de criterios ambientales en la contratación y las compras de la Administración General del Estado.

La contratación pública constituye una importante palanca para impulsar modelos de producción y consumo más sostenibles. Por este motivo, ASOBIO ha considerado fundamental trasladar la visión del sector ecológico y defender el papel de la producción ecológica certificada como una herramienta clave para avanzar en la transición ecológica.

APORTACIONES
Entre las principales aportaciones remitidas al Ministerio, ASOBIO ha defendido:

• El reconocimiento de la producción ecológica certificada conforme al Reglamento (UE) 2018/848 como un criterio ambiental objetivo, verificable y dotado de plena seguridad jurídica.
• La priorización de certificaciones oficiales frente a declaraciones ambientales poco definidas, contribuyendo así a evitar el "greenwashing" en la contratación pública.
• La incorporación de objetivos de compra pública de productos ecológicos y el fomento de la alimentación ecológica en la restauración colectiva.
• La elaboración de herramientas y modelos de pliegos comunes, así como el desarrollo de acciones formativas que faciliten la aplicación de criterios ambientales por parte de las administraciones.
• El apoyo a las pequeñas y medianas empresas mediante procedimientos que reconozcan el valor añadido de la certificación ecológica y favorezcan su participación en las licitaciones públicas.

RECONOCIMIENTO
Con estas propuestas, ASOBIO continúa trabajando para que la producción ecológica sea reconocida como un instrumento estratégico dentro de las políticas públicas de sostenibilidad. La asociación considera “esencial que las administraciones públicas incorporen criterios ambientales objetivos, verificables y respaldados por sistemas oficiales de certificación, aportando así mayor transparencia, confianza y seguridad jurídica a la contratación pública”.

Redacción